El Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control
del empleo sumergido, BOE del 6 de mayo, desarrolla en la exposición de motivos las líneas
maestras encaminadas a garantizar la aplicación de las políticas públicas de inspección,
sanción y tutela de los derechos sociales y de las reglas de transparencia e igualdad en el
mercado laboral.
A partir del 1 de agosto de 2011, el incumplimiento de la norma citada, producirá
graves perjuicios al empresario principal (personas físicas, jurídicas, comunidades de
propietarios, etc.) así como a los subcontratistas, mediante sanciones a través de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
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